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Tras probarse su inocencia, los directivos de DyN Investment Group revelan demandas por USD 40 millones contra Paraguay y exponen cómo la difamación y la burocracia frenaron su proyecto logístico en Uruguay.
MONTEVIDEO, Uruguay - ncarol.com -- Tras años de enfrentar una campaña sistemática de difamación, la Justicia Penal ha dictado el Sobreseimiento Definitivo a favor de los empresarios Gaspar Nicolás dos Santos y Jorge Daniel Méndez. Esta resolución judicial inapelable limpia definitivamente el buen nombre de los directivos de DyN Investment Group y saca a la luz la verdadera magnitud del daño causado por una falsa denuncia internacional y el asfixiante bloqueo burocrático en Uruguay.
Lejos de la falsa narrativa instalada en su momento, los documentos oficiales y judiciales desclasificados establecen las siguientes verdades irrefutables:
1. Trayectoria Internacional Comprobada y la Farsa Desmontada: DyN Investment Group posee un prestigio forjado como representante oficial de importantes laboratorios internacionales (como Bharat Biotech y Madison Biotech), ejecutando logística de alta complejidad y vendiendo exitosamente a gobiernos. En el marco de un contrato entre privados en Paraguay, los compradores no lograron obtener las autorizaciones sanitarias. Ante esto, Nicolás dos Santos procedió a la devolución inmediata de los fondos ingresados. Los extractos SWIFT comprueban el reintegro de más de 1.8 millones de dólares (USD 1.829.783) a los siete días de recibidos. La Justicia dictaminó la inexistencia de delito.
2. La Ofensiva Legal: Demandas por USD 40 Millones contra el Estado Paraguayo: En la esfera pública, DyN sí participó en el negocio de venta al Estado de vacunas como representante legal de los laboratorios internacionales, encargándose de la logística de entrega. Esta se cumplió al 100%, faltando ejecutar una entrega por expreso incumplimiento del Estado paraguayo, quien no pagó en los plazos acordados. Por servicios efectivamente realizados y facturados, la empresa mantiene hoy una demanda activa contra el Estado paraguayo por casi 10 millones de dólares, y en los próximos meses presentará nuevas demandas en el entorno de los 30 millones de dólares. Los directivos no son deudores; son grandes acreedores del Estado.
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3. El Proyecto Multimodal, la Ceguera Estatal en el Norte y la Realidad del DAP: Falsamente se acusó a nuestra empresa de incumplir obras en Salto Grande. La realidad es opuesta: el proyecto era 100% privado y de carácter multimodal, diseñado estratégicamente para optimizar el corredor de camiones, revitalizar el sistema ferroviario regional y resucitar una hidrovía clave. El Estado no nos entregó ningún puerto; solo se nos autorizó a utilizar un área del álveo público (orilla) lindera a un campo de 500 hectáreas adquirido íntegramente con fondos propios por Hidroagro S.A.
La visión de la empresa era geopolítica e integradora: "La Hidrovía del Río Uruguay es un pozo petrolero manando a cielo abierto, tapado con cartones. No desarrollarla significa que Uruguay tiene un brazo y una pierna amputados en materia de competitividad", declararon los directivos. Enfatizaron que departamentos como Salto, Artigas y Rivera están llamados por su ubicación a ser los motores de la economía nacional y el eje de la logística regional. Sin embargo, la ceguera del Estado central hoy condena a estos departamentos del norte a niveles de desempleo históricos, dejando amputada una posibilidad de crecimiento que dinamizaría la economía de Uruguay y de toda la región.
Pese a este potencial, el Estado uruguayo bloqueó la inversión privada. Negaron los permisos aduaneros (Expediente MEF Nº 2022-5-1-0104162) y ambientales (DINACEA), y prohibieron la navegación. Ante esto, los directivos exponen una realidad de sentido común: ¿Quién puede iniciar una obra si el propio Estado no emite los permisos legales para construir, y qué inversor en el mundo construiría un puerto en un río donde se le prohíbe navegar? Nosotros jamás incumplimos. Lo que sucedió fue que, aprovechando el ruido mediático de la falsa denuncia y el grave escándalo político interno que atravesaba la Comisión Técnica Mixta (CTM) de Salto Grande en ese momento, se nos rescindió el contrato de forma totalmente arbitraria por mera conveniencia política.
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La prueba irrefutable de la seriedad de la inversión, es el Depósito Aduanero Particular (DAP). Esta parte del proyecto —la única que sí obtuvo autorizaciones— fue construida y habilitada oficialmente, significando una inversión de varios millones de dólares. Tristemente, debido al ataque sin sentido de la prensa y la falsa acusación de estafa, los clientes internacionales se alejaron, obligando a cerrar la operativa aduanera y dejando esta inversión millonaria funcionando hoy como un simple depósito. Jamás estafamos a nadie, los que sufrimos perdidas multimillonarias fuimos nosotros.
Hoy, con la verdad judicial en la mano y el respaldo documental absoluto, los directivos exigen la reparación de su honor y anuncian su retorno al desarrollo de grandes proyectos geopolíticos en la región.
Para acceder al dossier completo y a las pruebas documentales (Fallo judicial, SWIFT y expedientes), visite la nota oficial: https://medium.com/@nicolas_39517/sobreseimiento-definitivo-de-gaspar-nicol%C3%A1s-dos-santos-y-jorge-daniel-m%C3%A9ndez-la-verdad-sobre-una-090c78eb07bc
Lejos de la falsa narrativa instalada en su momento, los documentos oficiales y judiciales desclasificados establecen las siguientes verdades irrefutables:
1. Trayectoria Internacional Comprobada y la Farsa Desmontada: DyN Investment Group posee un prestigio forjado como representante oficial de importantes laboratorios internacionales (como Bharat Biotech y Madison Biotech), ejecutando logística de alta complejidad y vendiendo exitosamente a gobiernos. En el marco de un contrato entre privados en Paraguay, los compradores no lograron obtener las autorizaciones sanitarias. Ante esto, Nicolás dos Santos procedió a la devolución inmediata de los fondos ingresados. Los extractos SWIFT comprueban el reintegro de más de 1.8 millones de dólares (USD 1.829.783) a los siete días de recibidos. La Justicia dictaminó la inexistencia de delito.
2. La Ofensiva Legal: Demandas por USD 40 Millones contra el Estado Paraguayo: En la esfera pública, DyN sí participó en el negocio de venta al Estado de vacunas como representante legal de los laboratorios internacionales, encargándose de la logística de entrega. Esta se cumplió al 100%, faltando ejecutar una entrega por expreso incumplimiento del Estado paraguayo, quien no pagó en los plazos acordados. Por servicios efectivamente realizados y facturados, la empresa mantiene hoy una demanda activa contra el Estado paraguayo por casi 10 millones de dólares, y en los próximos meses presentará nuevas demandas en el entorno de los 30 millones de dólares. Los directivos no son deudores; son grandes acreedores del Estado.
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La visión de la empresa era geopolítica e integradora: "La Hidrovía del Río Uruguay es un pozo petrolero manando a cielo abierto, tapado con cartones. No desarrollarla significa que Uruguay tiene un brazo y una pierna amputados en materia de competitividad", declararon los directivos. Enfatizaron que departamentos como Salto, Artigas y Rivera están llamados por su ubicación a ser los motores de la economía nacional y el eje de la logística regional. Sin embargo, la ceguera del Estado central hoy condena a estos departamentos del norte a niveles de desempleo históricos, dejando amputada una posibilidad de crecimiento que dinamizaría la economía de Uruguay y de toda la región.
Pese a este potencial, el Estado uruguayo bloqueó la inversión privada. Negaron los permisos aduaneros (Expediente MEF Nº 2022-5-1-0104162) y ambientales (DINACEA), y prohibieron la navegación. Ante esto, los directivos exponen una realidad de sentido común: ¿Quién puede iniciar una obra si el propio Estado no emite los permisos legales para construir, y qué inversor en el mundo construiría un puerto en un río donde se le prohíbe navegar? Nosotros jamás incumplimos. Lo que sucedió fue que, aprovechando el ruido mediático de la falsa denuncia y el grave escándalo político interno que atravesaba la Comisión Técnica Mixta (CTM) de Salto Grande en ese momento, se nos rescindió el contrato de forma totalmente arbitraria por mera conveniencia política.
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Hoy, con la verdad judicial en la mano y el respaldo documental absoluto, los directivos exigen la reparación de su honor y anuncian su retorno al desarrollo de grandes proyectos geopolíticos en la región.
Para acceder al dossier completo y a las pruebas documentales (Fallo judicial, SWIFT y expedientes), visite la nota oficial: https://medium.com/@nicolas_39517/sobreseimiento-definitivo-de-gaspar-nicol%C3%A1s-dos-santos-y-jorge-daniel-m%C3%A9ndez-la-verdad-sobre-una-090c78eb07bc
Source: DyN Investment Group
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